Argibay y el aborto: asuntos y cuestiones

De cómo un asunto se puede transformar en una cuestión hablan Oscar Oszlak y Guillermo O’ Donnell en su texto “Estado y Políticas Estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”. Dicen que una cuestión es un asunto “socialmente problematizado” y que una de las formas para que eso suceda es poner a ese asunto en la agenda pública. Es decir, que sea discutido por un sector amplio de la sociedad. Pareciera ser que esto es exactamente lo que está pasando con el aborto. La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay llamó a que se abra el debate en relación al asunto en un encuentro en Córdoba, organizado por la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba. Esta organización aunque cueste creerlo y a pesar de lo que la iglesia condena, -como dice su nombre- es un movimiento de personas católicas que según consta en su carta de principios buscan la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades, entre otras cosas.
“La capacidad moral que las mujeres y hombres tienen para tomar decisiones serias y responsables en sus vidas y en particular en lo que se refiere a la sexualidad y reproducción humanas” es una de las afirmaciones de esta organización civil sin fines de lucro que coincide con el discurso de Argibay que enfatizó el hecho de que “cada mujer tiene que decidir lo que a ella le conviene” frente a un embarazo.
Este puede ser un primer paso para que el tema esté en la agenda pública, en la agenda de los medios, y no por prestar atención a una ideología o religión o a la falta de religión, sino por tener en cuenta las cifras que indican la cantidad de mujeres que mueren al año por tener que recurrir a abortos clandestinos en condiciones insalubres. Por eso, seguramente, Argibay rescató el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
En México esta campaña tuvo sus frutos hace dos años cuando el asunto que se convirtió efectivamente en cuestión tuvo su oportunidad de ser el 28 de agosto de 2007 cuando la suprema Corte de Justicia declaró constitucionales a las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal y al Código Penal aprobadas por la Asamblea Legislativa el 24 de abril de ese año. Ese 28 de agosto, quizás por la estrategia de cambiarle el nombre y quitarte esa carga tan terrible a la palabra “aborto” y comenzar a llamarle “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE), quizás por la lucha de todas aquellas organizaciones que hace años pelean por el derecho de las mujeres a decidir, quizás por la coyuntura del momento, quizás porque en ese distrito era la tercera causa de muerte materna y la quinta a nivel nacional, se despenalizó el aborto hasta las doce semanas de gestación.
A pesar de las acusaciones de organizaciones en contra del aborto y de la iglesia católica, Argibay se defiende y afirma: “No somos abortistas, somos prolibertad de decidir”. Será entonces cuestión de ver cómo sigue este asunto que no tiene que ver con acabar con una vida sino con salvar a muchas y también con reivindicar la autonomía de la mujer para decidir qué es lo mejor para su bienestar.